¿Es realmente necesario el consentimiento del acreedor privilegiado en la venta unitaria directa o subasta con cancelación de cargas, conforme a la nueva Ley Concursal?
Planteamos en esta ocasión una duda o debate que, en principio, y tras la promulgación de la Ley 9/2015, podría haber quedado resuelta, confirmando la necesidad de consentimiento. Si bien, como suele ocurrir, todo abierto a diferentes líneas interpretativas.
Se ha publicado en el BOE de 26 de mayo de 2015, la Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal, y que recoge principalmente las modificaciones introducidas por el RD Ley 11/2014, en vigor desde septiembre.
El preámbulo de la Ley establece que la misma aborda la extensión de las premisas instauradas con la Ley 17/2014, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, al propio convenio concursal. Pero además, dispone que trata principalmente la flexibilización del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad. En última instancia, y en relación al convenio, facilitar la continuación de la actividad empresarial.
Analizamos una reciente e interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2015, que estima una acción de reintegración, tras la desestimación en primera y segunda instancia. Se trata de de la rescisión de dos préstamos con garantía hipotecaria, que se rescinden en virtud de la aplicación del art. 71.3.2º LC. Como veremos, el Tribunal Supremo analiza tres cuestiones: la aplicación del art. 10 LMH, la rescindibilidad de los préstamos y, por último, los efectos de la rescisión. La peculiaridad en este caso se basa en que la finca objeto de gravamen había sido enajenada con anterioridad a la declaración de concurso. Veamos en detalle la misma.
La demanda de reintegración instada por un acreedor, solicitaba la rescisión de dos préstamos con garantía hipotecaria. En concreto, se trata de un crédito concedido en garantía de otro anterior, y que se garantizó mediante constitución de una hipoteca. El segundo de los créditos objeto de anulación, renovaba el primero de ellos, volviéndose a otorgar garantía hipotecaria sobre la primera finca. Como vemos, se trata de la constitución de garantía sobre obligaciones contraídas en sustitución de otras preexistentes, (que no contaban con la misma).
Diez de las filiales de “Pescanova” en concurso verán aprobadas sus propuestas de convenio según distintos medios de comunicación, siguiendo con las perspectivas que los siete Bancos principales acreedores de “Pescanova” tenían previstas.
Las diez filiales son Pescanova Alimentación, Insuiña, Frinova, Bajamar, Fricatamar, Pescafina Bacalao, Frigodis, Frivipesca Chapela, Novapesca Trading y Pescafresca, y entre todas arrastran una deuda de unos 800 millones de euros, y sus propuestas se basan en el convenio de acreedores presentado hace un año por la matriz, con la que la compañía logró emerger del concurso en mayo de 2014.
El pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal.
Como anunciábamos en otro post, tras la remisión al Senado del Texto de reforma de la Ley Concursal, éste aprobó el Proyecto de Ley con modificaciones, por lo que siguió su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
En concreto, el Congreso ha ratificado las cuatro enmiendas de carácter técnico introducidas por el Senado.
La norma pretende completar las medidas ya implantadas para la fase preconcursal y solucionar problemas detectados en la fase concursal.
Realizando un análisis de datos e informaciones recientes, las empresas farmacéuticas y el sector de las empresas de Tecnología de la Información y la comunicación (TICs), están siendo afectadas por los coletazos de la crisis.
Aunque el número de concursos y empresas con riesgo de insolvencia ha descendido, los concursos de este tipo de empresas van en aumento y ello a pesar de los grandes atractivos que presentan a priori. Veamos con mayor detalle estas cuestiones.
Analizamos en esta ocasión la clasificación como subordinado de un crédito derivado de una cláusula penal, en caso de incumplimiento de la obligación que da derecho a la misma, y su inclusión en el artículo 92.4 LC.
El debate se centra en determinar si dicha cláusula penal puede ser considerada como una multa o sanción pecuniaria, y por ende encajar en el apartado 4º del art. 92 LC o si debe ser un crédito ordinario. Para ello, consideramos diferentes Sentencias del Tribunal Supremo y Audiencia Provincial de La Coruña, y de forma más precisa la reciente Sentencia del Juzgado Mercantil de Logroño de 15 de enero de 2015, que hace referencia a las anteriores.
Nuevas dificultades están surgiendo en el concurso de Banco Madrid. En concreto con la inclusión o no de determinados activos en la masa del concurso. Por un lado se encuentra la cuestión de los clientes de Interdín, y por otro, la inclusión o no de los fondos y las Sicav se en el concurso de acreedores. Veamos un análisis más detallado de la cuestión.
Une vez declarado el concurso de Banco Madrid y llegado el momento en el que la Administración Concursal debe emitir su Informe, existe una disparidad de criterios entre ésta y la CNMV, en relación a los fondos de inversión en los que Banco Madrid era depositario.
Con ocasión de la entrada “Cómo paralizar una ejecución hipotecaria con el 5bis LC” comentábamos la discusión existente sobre la competencia para determinar la necesariedad o no de un bien de cara a la paralización de ejecuciones con el 5bis LC.
Esta discusión no se ha zanjado, sin embargo, la tendencia de los Jueces de lo Mercantil, y en concreto de los de Madrid, es centralizar la decisión, y que sea el Juez del futuro concurso el competente para determinar la necesariedad, tras una comunicación del secretario judicial del Juzgado Mercantil. Veamos con mayor detalle esta postura, analizando alguna resolución al respecto.
En esta ocasión, aprovechamos el Blog AC para presentar un nuevo programa que consideramos interesante para los Administradores Concursales, nos referimos a GIOCONDA.
GIOCONDA es un software de gestión integral online de concursos de acreedores, destinado a los Administradores Concursales, para facilitarles la gestión del concurso, y la realización de algunas tareas inherentes al ejercicio del cargo. Pero además, el programa permite el acceso por los Juzgados de lo Mercantil, así como por los acreedores, que podrán en todo momento hacer un seguimiento del proceso.
En este post comentamos una Sentencia de la AP de A Coruña, de 26 de enero de 2015, que establece que el límite temporal en las presunciones del artículo 164.2 LC, a excepción de la presunción del apartado 5º, es subjetivo, es decir, sólo se refiere a las personas afectas por la calificación y el momento en el que han debido ostentar el cargo.
Se trata de una cuestión polémica, sobre la que existen diferentes posturas en Doctrina y Jurisprudencia. Por un lado, aquellos que consideran que no se trataría sólo de un límite temporal subjetivo, (legitimación pasiva de la calificación del concurso) sino también a efectos de limitar los hechos o conductas calificables legalmente como de concurso culpable a las comprendidas dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso y quedando excluidas las anteriores. Por otro lado, la postura contraria.