El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por una empresa en concurso a la que se le había denegado una solicitud de aplazamiento del pago de IVA al suponer su declaración de concurso una dificultad económica estructural y no transitoria.

Analizamos en esta ocasión una Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2015 que considera si la mera declaración de concurso de una empresa supone una dificultad económico-financiera que permita a la Delegación de Hacienda denegar una solicitud de aplazamiento de pago.

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda deniega a una empresa hotelera el aplazamiento del pago de 1,6 millones de euros de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2009, denegación que se confirmó por el Tribunal Económico-Administrativo Central y posteriormente por la Audiencia Nacional.

La decisión se motiva en base a:

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Las causas de conclusión de concurso vienen establecidas en los artículos 176 y 176 bis de la Ley Concursal. Sin embargo, a pesar de que estas vengan señaladas, existen situaciones extraordinarias, que determinan la conclusión de concurso por causas diferentes de las recogidas en la Ley.

Este es el caso del concurso de dos personas físicas, cuya conclusión se determina por la superación de la insolvencia, y que venimos a analizar en este post.

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Tras la reforma operada por el RD Ley 11/2014, hoy ya Ley 9/2015, ha surgido una nueva controversia en relación al uso de la entidad especializada para la realización de los bienes y derechos de la entidad en concurso y a quien corresponde el pago de su retribución en caso de utilizar sus servicios.

La reforma introduce en el artículo 149 LC que será la Administración Concursal la que, con cargo a su propia retribución, se haga cargo de los honorarios de la entidad. Sin embargo, las primeras interpretaciones por los Jueces de lo Mercantil no están tardando en llegar. En esta ocasión, recogemos el Auto de 25 de marzo de 2015 dictado por el Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca, por su claridad expositiva. Veamos su pronunciamiento.

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La nueva Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal estableció, entre otras novedades, la sucesión de empresa en las transmisiones de unidades productivas en conjunto, tal y como ya avanzó el RD Ley 11/2014.

Para analizar el concepto de “identidad” que se exige para determinar la sucesión, analizamos un Auto del Juzgado Mercantil de Barcelona de 2 de febrero de 2015, que recoge las características indicadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al concepto de “identidad”.

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Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2014, se ha creado en los foros concursales una tendencia a afirmar que los créditos por indemnizaciones por despidos anteriores al concurso pero declarados improcedentes con posterioridad al mismo son créditos contra la masa. Sin embargo, esta Doctrina Jurisprudencial originada con la Sentencia señalada no es aplicable a todos los supuestos. El punto clave es la aplicación del art. 56 del ET en la redacción anterior o posterior a la reforma en vigor desde el 12 de febrero de 2012.

Veamos con mayor detalle las especialidades.

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La “intervención adhesiva simple” de los acreedores en la sección sexta de calificación. En este post nos planteamos ¿qué ocurre con la personación y/o alegaciones de los acreedores en la calificación del concurso? ¿Puede el deudor ser condenado en virtud de las presunciones de culpabilidad que alegue un acreedor o es necesario que la AC o el Ministerio Fiscal también la recojan?.

Como veremos a continuación, es necesario que bien la AC bien el Ministerio Fiscal aleguen la causa de culpabilidad que solicita el acreedor para que la misma pueda ser tenida en cuenta por el Juez del concurso. Se trata de una intervención adhesiva.

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Analizamos una reciente e interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2015, que estima una acción de reintegración, tras la desestimación en primera y segunda instancia. Se trata de de la rescisión de dos préstamos con garantía hipotecaria, que se rescinden en virtud de la aplicación del art. 71.3.2º LC. Como veremos, el Tribunal Supremo analiza tres cuestiones: la aplicación del art. 10 LMH, la rescindibilidad de los préstamos y, por último, los efectos de la rescisión. La peculiaridad en este caso se basa en que la finca objeto de gravamen había sido enajenada con anterioridad a la declaración de concurso. Veamos en detalle la misma.

La demanda de reintegración instada por un acreedor, solicitaba la rescisión de dos préstamos con garantía hipotecaria. En concreto, se trata de un crédito concedido en garantía de otro anterior, y que se garantizó mediante constitución de una hipoteca. El segundo de los créditos objeto de anulación, renovaba el primero de ellos, volviéndose a otorgar garantía hipotecaria sobre la primera finca. Como vemos, se trata de la constitución de garantía sobre obligaciones contraídas en sustitución de otras preexistentes, (que no contaban con la misma).

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En este post comentamos una Sentencia de la AP de A Coruña, de 26 de enero de 2015, que establece que el límite temporal en las presunciones del artículo 164.2 LC, a excepción de la presunción del apartado 5º, es subjetivo, es decir, sólo se refiere a las personas afectas por la calificación y el momento en el que han debido ostentar el cargo.

Se trata de una cuestión polémica, sobre la que existen diferentes posturas en Doctrina y Jurisprudencia. Por un lado, aquellos que consideran que no se trataría sólo de un límite temporal subjetivo, (legitimación pasiva de la calificación del concurso) sino también a efectos de limitar los hechos o conductas calificables legalmente como de concurso culpable a las comprendidas dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso y quedando excluidas las anteriores. Por otro lado, la postura contraria.

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Comentamos una Sentencia del TS de 4 de septiembre de 2014, por la que aplica su jurisprudencia sobre la irretroactividad de las normas o el principio “tempus regit actum”, para confirmar la estimación de las acciones rescisoria y pauliana instadas por la administración concursal. En concreto se trata de un supuesto de aplicación de normativa bancaria en el que, tras una reforma, la norma pasa de exigir la acreditación de perjuicio de acreedores para poder anular una operación, a fraude de los mismos, en beneficio de las entidades financieras. La entidad financiera alega que debe aplicarse la norma más benevolente, por analogía a la aplicación de la LC en quiebras, pero en realidad no se produce una retroacción, si no que se aplica la norma anterior pero atendiendo al espíritu de la nueva regulación.

El caso enjuiciado trae causa de la demanda incidental presentada por la Administración concursal interesando la rescisión y/o anulación de la prenda otorgada para garantizar deuda ajena constituida por la entidad concursada a favor de la entidad financiera. Previamente, la misma prenda garantizó las obligaciones de un contrato de crédito entre las mismas partes y otro anterior suscrito por el socio único de la concursada en aquel momento y la misma entidad de crédito.

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En esta ocasión comentamos una interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que tiene especial incidencia en el Administrador Concursal. Se trata de la Sentencia de 23 de enero de 2015, por la que, en apelación, establece la retribución de la tarea de “actualización de masa activa y pasiva” por apertura de liquidación y, además, resuelve la imposibilidad de establecer un límite temporal para el devengo de la retribución correspondiente a la fase de liquidación. Veamos con detalle la misma.

El caso concreto tiene origen en la reapertura de un concurso de acreedores, por incumplimiento de convenio de la entidad deudora, y la apertura de la liquidación, con la consiguiente reposición en el cargo de la Administración Concursal. En este escenario, la Administración Concursal solicitó al Juzgado de lo Mercantil se estableciera una retribución por la actualización de la masa activa y la masa pasiva, al haber tenido que confeccionar un nuevo inventario de bienes y listado de acreedores.

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Link noticia: http://mun.do/1LQF05D

“Un juez anula el convenio de las autopistas y pide su liquidación” Así titula el periódico “El Mundo” la noticia por la que se publica la apertura de la liquidación en uno de los concursos de las concesionarias de las radiales de Madrid. Si en un post anterior nos hacíamos eco de la presentación de las propuestas de convenio, ahora venimos a tratar el rechazo de las dos primeras propuestas por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid por adolecer de “defectos de legalidad” y sus incidencias.

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La apertura de la fase de liquidación tras la existencia de un convenio aprobado puede darse bien por su incumplimiento, bien por la “reinsolvencia” de la empresa. En cualquier caso, esto conllevará la reapertura nuevamente de la sección de calificación para el deudor concursado. Esta reapertura ostenta determinadas especialidades, que han sido tratadas de forma clara y detallada por la reciente Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Pontevedra de 4 de diciembre de 2014.

La Sentencia estima parcialmente las demandas de calificación culpable presentadas por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal en un concurso en el que se abre la liquidación como consecuencia de la “reinsolvencia” de la deudora.

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Las ejecuciones administrativas de créditos contra la masa que venían iniciando las Administraciones Públicas tras la declaración de concurso se paralizan por el Tribunal Supremo por interpretación sistemática de la Ley Concursal.

Se trata de la Sentencia de 12 de Diciembre de 2014 por la que el TS, confirmando la sentencia de instancia, acuerda el levantamiento de embargos trabados en ejecución de créditos contra la masa. Esta resolución se ha dictado en relación al concurso de “Astilleros de Sevilla”, en el que la TGSS, una vez aprobado el plan de liquidación, inició el embargo de varios activos por valor de 1,7 millones de euros, correspondiente con el importe de créditos contra la masa devengados a su favor.

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¿Es culpable el concurso cuando no se han depositado los libros en el Registro Mercantil?

¿Es culpable el concurso cuando no se han legalizado los libros contables?

En esta ocasión, vamos a comentar una Sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera y cuyo ponente es D. Francisco Javier Menéndez Estébanez, sobre la legalización de libros como causa de culpabilidad y la necesaria concurrencia de la relevancia para que esta sea considerada como tal.

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