Consentimiento del acreedor hipotecario para la venta del bien con privilegio especial en una liquidación unitaria

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La nueva regulación supedita la transmisión unitaria de la empresa al consentimiento necesario del acreedor con privilegio especial en determinadas circunstancias. Así, se precisa el voto favorable del 75% de su crédito para la enajenación de los bienes afectos cuando se engloban en una unidad de negocio que se pretende vender. La Ley Concursal trata de mantener la unidad económica de la entidad en crisis para su traslado a un tercero a través de la venta unitaria. Se produce, pues, un cambio de empresario. Pero también trata de tutelar el derecho de los acreedores hipotecarios a lograr el mejor resultado en la venta del bien afecto a su privilegio. Como complemento a estas medidas se concreta el contenido del privilegio y se incorpora el concepto del valor de garantía que se fija en el 90% del valor real que tenga dicho bien al iniciarse el concurso.

Pero veamos las condiciones precisas que se exigen para recabar dicho consentimiento y tiempo de concederlo.

La regla 3ª del art. 149.1 LC señala unas reglas especiales para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, y en su apartado a) recoge:

“ Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados”.

Por lo atnto, se precisa el consentimiento del 75% del crédito con privilegio especial de aquellos que tengan derecho de ejecución separada y pertenezcan a la misma clase.

  1. Derecho de ejecución separada: En este sentido, se cuestiona si es un derecho de ejecución separada en el sentido teórico o si es preciso que haya iniciado dicha ejecución. Obviamente, se trata siempre de bienes que tengan un carácter necesario para la actividad económica, puesto que aquellos bienes que no tienen un carácter necesario siempre se puede seguir la ejecución sin que el concurso paralice la misma, es decir, que si una empresa tiene una plaza de garaje o un solar que no utiliza para su actividad económica, puede continuarse la ejecución por el banco que dispone de una hipoteca sobre dicho inmueble. Por tanto la ejecución separada se refiere solo sobre bienes necesarios.

Surgen por tanto distintas posibilidades:

  • Ejecución separada iniciada antes del concurso: Se trata de aquellos supuestos en los que hayan iniciado la ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia, con anterioridad a la declaración del concurso. En tal caso, esa ejecución separada puede continuarse con posterioridad en las condiciones que la Ley Concursal dispone. A esos efectos, dicho acreedor dispondría de un crédito con derecho a ejecución separada y por tanto precisaría su consentimiento respecto de la venta del bien en cuestión, siempre y cuando supusiera el 75% de dicho pasivo, y hubiera solicitado la reanudación antes de la apertura de la liquidación.
  • Ejecución separada transcurrido un año desde el inicio del concurso sin aprobación del convenio o la liquidación: Es otro supuesto en el cual puede iniciarse una ejecución separada porque se dilata el concurso más del año previsible en el cual debía de haberse aprobado un convenio o el inicio de la liquidación. En caso de que durante la liquidación se vaya a proceder a una liquidación unitaria, dicho acreedor será considerado como acreedor hipotecario con derecho a ejecución separada y se precisará del consentimiento del mismo, si hubiera solicitado la ejecución transcurrido un año pero antes de la apertura de la liquidación.
  • Una vez aprobado el convenio, el acreedor privilegiado no vinculado por el mismo podrá seguir o iniciar su ejecución. En este caso la ejecución separada es un derecho que se mantiene pero del cual no se precisa consentimiento alguno puesto que no se está procediendo a la venta de ningún bien. Lo normal es que se haya alcanzado un acuerdo singular con el acreedor con privilegio especial, al igual que en el convenio.
  1. Concepto de clase de acreedores con privilegio ex art. 94.2 LC. El nuevo artículo 94.2 LC establece cuatro clases de acreedores privilegiados: laborales, públicos, financieros y el resto. En otra ocasión analizaremos las cuestiones que surgen respecto a esta nueva clasificación, pero, en relación al consentimiento del acreedor para la venta del bien, el cómputo del 75% del pasivo de los acreedores con derecho a ejecución separada deberá ser, además, de la misma clase. En este punto pueden surgir diferentes interpretaciones, por ejemplo, ¿se necesita el 75% de cada clase y respecto de cada bien? ¿es suficiente con el 75% de cada clase en cómputo global? Entendemos que podría exigirse el 75% de cada clase respecto de cada bien siempre y cuando no produjera la desintegración de la venta como unidad productiva.

Por lo tanto, el RD Ley 11/2014 ha introducido  el consentimiento de los acreedores privilegiados, con determinadas características, para poder proceder a la venta de bienes gravados en caso de transmisión de unidad productiva sin subrogación de cargas. Entendemos que es correcta la tutela del derecho del acreedor privilegiado, pero, si es excesiva, podría perjudicar la venta unitaria de empresas que, tras el fracaso del convenio, ha resultado ser la forma más habitual de mantenimiento del tejido empresarial.

Habrá que ver ad casum cual es la interpretación más adecuada para favorecer la transmisión de la empresa pero el cobro razonable de los acreedores privilegiados. Pero, a priori, se trata de un obstáculo más para la transmisión de las unidades de negocio.

 

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