CONSIDERACIÓN DEL CRÉDITO DERIVADO DE UNA CLÁUSULA PENAL COMO CRÉDITO SUBORDINADO DEL ART. 92.4 LC.

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Analizamos en esta ocasión la clasificación como subordinado de un crédito derivado de una cláusula penal, en caso de incumplimiento de la obligación que da derecho a la misma, y su inclusión en el artículo 92.4 LC.

El debate se centra en determinar si dicha cláusula penal puede ser considerada como una multa o sanción pecuniaria, y por ende encajar en el apartado 4º del art. 92 LC o si debe ser un crédito ordinario. Para ello, consideramos diferentes Sentencias del Tribunal Supremo y Audiencia Provincial de La Coruña, y de forma más precisa la reciente Sentencia del Juzgado Mercantil de Logroño de 15 de enero de 2015, que hace referencia a las anteriores.

El artículo 92.4 LC considera créditos subordinados a los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias y la razón por la que se justifica que la indemnización por la cláusula penal puede incluirse en el mismo es tener en cuenta su finalidad liquidadora del daño.

La clasificación habitual de los créditos por cláusulas penales ha venido siendo la de crédito ordinario, o contingente con esta vocación en caso de que el incumplimiento no se hubiere producido al declararse el concurso.

Sin embargo, la consideración de dicho crédito como subordinado, en base a su naturaleza liquidatoria del daño, equiparándose a una sanción, se está asentando cada vez más en la jurisprudencia concursal.

Veamos con mayor detalle las razones que desarrollan las resoluciones referidas anteriormente.

  • Función liquidadora de los daños y perjuicios de la cláusula penal: El Tribunal Supremo señala que la verdadera cláusula penal consiste en “otro tanto en concepto de daños y perjuicios” y tiene la función liquidadora propia de la misma y que expresa el primer párrafo del artículo 1152 del Código civil, y así lo declara en Sentencias como la de 2 de julio de 2010, 10 de diciembre de 2009 o 26 de marzo de 2009.
  • No es necesaria la prueba de los daños y perjuicios: asimismo, el Tribunal Supremo en Sentencias de 26 de marzo de 2009 o 2 de octubre de 2001 entre otras, establece que esta función liquidadora de la cláusula penal no precisa la prueba de los mismos “y su finalidad es la de evitar la existencia y cuantía de unos perjuicios para los casos previstos de deficiente o total incumplimiento“. El deudor no se puede liberar de la pena demostrando que su incumplimiento no le produjo daño alguno (STS de 10 de abril de 1956), sin que el acreedor pueda solicitar tampoco mayores daños al hallarse sustituidos por la pena (STS de 16 de noviembre de 1992).

La SAP de La Coruña de 14 de enero de 2011 dictada en el concurso de “MARTINSA FADESA” utiliza esta jurisprudencia para clasificar como crédito subordinado la cláusula penal con finalidad liquidatoria del daño de un contrato de compraventa.

Asimismo, el Juzgado Mercantil de Logroño, en su reciente Sentencia de 15 de enero de 2015 utiliza esta doctrina jurisprudencial en el concurso de una bodega, para concluir que la cantidad que finalmente se establezca en concepto de daños y perjuicios, una vez se resuelva el contrato, determinará la consideración del crédito discutido como crédito subordinado del art. 92.4 LC.

Por lo tanto, frente a la postura tradicional de clasificación como ordinario de los créditos por cláusulas penales, la función liquidadora de daños y perjuicios permite justificar la subordinación del mismo.

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