EL PROBLEMA TEMPORAL DE LA CALIFICACIÓN EN EL CONCURSO. CARÁCTER SUBJETIVO DEL LÍMITE DE DOS AÑOS EN LAS PRESUNCIONES DEL 164.2 LC

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En este post comentamos una Sentencia de la AP de A Coruña, de 26 de enero de 2015, que establece que el límite temporal en las presunciones del artículo 164.2 LC, a excepción de la presunción del apartado 5º, es subjetivo, es decir, sólo se refiere a las personas afectas por la calificación y el momento en el que han debido ostentar el cargo.

Se trata de una cuestión polémica, sobre la que existen diferentes posturas en Doctrina y Jurisprudencia. Por un lado, aquellos que consideran que no se trataría sólo de un límite temporal subjetivo, (legitimación pasiva de la calificación del concurso) sino también a efectos de limitar los hechos o conductas calificables legalmente como de concurso culpable a las comprendidas dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso y quedando excluidas las anteriores. Por otro lado, la postura contraria.

Este último es el caso de la AP de León o, entre otros, García-Villarrubia, así como de la AP de A Coruña. Veamos los argumentos que recoge la Sentencia de 26 de enero referida, y que toma su base en la SAP de León de 25 de mayo de 2014.

Precisar que con la reforma por la Ley 38/2011 se estableció  la necesidad de que la persona afectada por la causa de culpabilidad general del art. 164.1 LC, ostente  alguna de las condiciones establecidas al tiempo de la declaración de concurso o dentro del período de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Por lo tanto, se trata de dilucidar si se pueden o no tener en cuenta actos realizados antes de los dos años previos a la declaración de concurso.

Son varias las razones que llevan a rechazar la existencia de un límite temporal objetivo, es decir, de limitación de los hechos objeto de análisis a los realizados en el plazo de dos años anteriores al concurso.

  1. Tenor literal de la norma: La cláusula general de culpabilidad del art. 164.1 LC contiene un límite temporal, pero se refiere sólo a la identificación de los posibles sujetos afectados por la calificación. Se vincula exclusivamente a quienes hubieren tenido una de esas “condiciones” (administrador o liquidador, de hecho o de derecho, o apoderado general) dentro de ese período. Si se hubiera querido extender la limitación temporal, se podría haber hecho con relativa facilidad, introduciendo una fórmula semejante a la relativa a la identificación de los actos susceptibles de rescisión pero nada de eso se ha hecho, ni en la redacción originaria de la Ley ni en la reforma introducida por la Ley 38/2011.
  2. Interpretación sistemática y presunciones de los artículos 164.2 y 165 LC: Sólo el art. 164.2.5º LC incluye una limitación temporal. El resto de presunciones iuris et de iure de culpabilidad no introducen límite temporal alguno en cuanto a la definición de los comportamientos relevantes. Y, por lo que se refiere a las presunciones de dolo o culpa grave, el  artículo 165.3º LC se refiere a la contabilidad y cuentas anuales de los tres últimos ejercicios. Si sólo se pudieran tener en cuenta comportamientos realizados en los dos años anteriores, sería imposible la aplicación de esta presunción.
  3. La finalidad de la reforma es solucionar el problema de coordinación entre el art. 164.1 y el 172 LC: par que quede claro que la calificación y sus consecuencias sólo pueden afectar, en el caso de persona jurídica, a sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, y apoderados generales, que lo sean al tiempo de la declaración de concurso o lo hubieran sido en los dos años anteriores.

Las citadas Sentencias concluyen de manera tajante que el hecho doloso o con culpa grave determinante de la insolvencia, cometido por quien ha sido administrador en el periodo de dos años antes de la declaración del concurso, genera culpabilidad aunque tuviera un origen temporal más allá de los dos años. Por nuestra parte, entendemos asimismo que esta es la postura correcta. Acompañamos la Sentencia para una mejor comprensión.

Jur_AP de A Coruna (Seccion 4a) Sentencia num. 14-2015 de 26 enero_AC_2015_309

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