¿ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR PRIVILEGIADO EN LA TRANSMISIÓN SIN SUBSISTENCIA DEL GRAVAMEN TRAS LA NUEVA LEY 9/2015?

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¿Es realmente necesario el consentimiento del acreedor privilegiado en la venta unitaria directa o subasta con cancelación de cargas, conforme a la nueva Ley Concursal?

Planteamos en esta ocasión una duda o debate que, en principio, y tras la promulgación de la Ley 9/2015, podría haber quedado resuelta, confirmando la necesidad de consentimiento. Si bien, como suele ocurrir, todo abierto a diferentes líneas interpretativas.

  • La duda se suscitó con el RD Ley 11/2014, que establecía en la regla 3ª del artículo 149.1 LC la conformidad de los acreedores privilegiados si el precio de los bienes no alcanzase el valor de la garantía (art. 94.2 LC) en caso de transmisión de bienes de la unidad productiva afectos a créditos privilegiados especiales, de forma unitaria, y sin subsistencia del gravamen. Ahora bien, precisaba que la conformidad se refiere a , acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase. A pesar de que la nueva redacción recoge la conformidad de un porcentaje de estos acreedores, los jueces de lo mercantil han venido comentando en los foros concursales que, al tratarse de una regla del art. 149 LC, si el plan de liquidación establecía que no era necesaria conformidad y el mismo se aprobaba con esta mención, era totalmente válido.
  • Pero tras la nueva Ley 9/2015, la cuestión parece complicarse. Por un lado el nuevo artículo 149 determina en su apartado primero el carácter supletorio de dichas reglas. Sin embargo, a continuación el apartado segundo recoge la misma redacción que el 149.1 regla tercera introducido por el RD Ley 11/2014. Si bien precisa que las reglas para la transmisión de bienes que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto se aplicarán, en “todo caso.

Por lo tanto, a priori la cuestión parece zanjarse, siendo necesaria la conformidad de los acreedores privilegiados en caso de que el precio no alcance el valor de la garantía, siempre en el caso de transmisiones unitarias.

Sin embargo, nos planteamos si la posibilidad de que el plan de liquidación establezca lo contrario sigue siendo posible. Así, el mismo tiene que ser aprobado, previo traslado al deudor y los acreedores para que formulen alegaciones al mismo. Por ello, si se plantea un plan que señale la realización de los bienes afectos sin necesidad de consentimiento, y el mismo es aprobado por el Juzgado, sin modificación alguna, entendemos que sí sería válido. Más aún cuando los propios acreedores privilegiados podrían haber formulado alegaciones al plan de liquidación.

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