Extensión de la inhabilitación del administrador concursal. Sus efectos.

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Recientemente han surgido varias noticias en relación a la inhabilitación de los administradores concursales. Pero ¿cuál es el alcance de esta inhabilitación? Los medios de comunicación no hacen referencia a estos efectos y pueden conducir a la idea de que esta equivale a la inhabilitación de un administrador social en sede de calificación concursal, o la inhabilitación relativa al cargo o ejercicio de funciones públicas, por ejemplo. Por ello, nos centramos en aclarar esta cuestión que afecta al estatuto ético del administrador concursal.

Hace pocas semanas se ha conocido un caso en el que se ha procedido a la inhabilitación de tres administradores concursales, uno de los cuales es Ángel Toña,  querido compañero, de Bilbao, y que se ha visto involucrado en esta aplicación estricta de la Ley por parte de la A.P. de Vizcaya, en relación a la alteración de pagos de los créditos contra la masa según el orden de vencimiento. Veamos el régimen legal.

La Ley Concursal únicamente trata de la inhabilitación de los Administradores Concursales en dos ocasiones:

  • En el art. 151 en relación a la prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa, al señalar que los que incumplieren esta prohibición quedarán inhabilitados para el ejercicio de su cargo.
  • En el art. 181.4 respecto a la desaprobación de cuentas, estableciendo que la desaprobación comportará la inhabilitación para ser nombrados en otros concursos en un periodo a fijar por el juez del concurso, no inferior a seis meses ni superior a dos años.

Para el caso de la desaprobación de  cuentas la propia Ley Concursal establece el alcance de la inhabilitación: ser nombrados en otros concursos. No obstante,

¿esta imposibilidad de nombramientos se refiere únicamente al Juzgado que impone la inhabilitación o se trata de una inhabilitación total?.

La Jurisprudencia señala que dada la gravedad de la sanción que la inhabilitación conlleva, no puede bastar la mera desaprobación de la rendición de cuentas por temas puntuales (…). Requiere una interpretación flexible y proporcionada de la norma en atención a la entidad de la conducta determinante de dicha desaprobación de la rendición de cuentas. Así, serán excepcionales y muy justificados los casos en que se imponga tal sanción, y ello dada la gravedad del alcance. Por lo tanto, todo lleva a indicar que esta inhabilitación es una sanción de alcance general, es decir, para ser nombrado como administrador concursal por cualquier juzgado de lo mercantil, e incluso ser separado de los cargos vigentes.

Sin embargo, en base a esa necesidad de graduación y proporcionalidad, existen resoluciones en las que la sanción se impone de forma limitada, es decir, para el ámbito del Juzgado que la impone. Este es el caso de la Sentencia del JM nº2 de Bilbao de 26 de junio de 2009, que determinado que se trata de una infracción leve, señala “se considera prudente acudir a la sanción mínima de seis meses, especificando que la inhabilitación alcanzará a los concursos que se tramiten en este Juzgado”.

Por el contrario, el artículo 151 LC no establece qué tipo de inhabilitación se impone al AC que adquiere bienes de la masa activa.

  • Podría entenderse que se trata de una inhabilitación similar a la del administrador social en caso de calificación culpable: para administrar los bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona.
  • Podría darse también un tipo de inhabilitación similar a la relativa al ejercicio de función pública: así viene definido en el Código Penal la inhabilitación como “privación definitiva de todos los honores empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.”.

Desde luego entendemos excesivo un alcance similar a la inhabilitación penal, y también la inhabilitación para administrar bienes ajenos. Por ello, la Doctrina viene entendiendo que será de aplicación por analogía los límites temporales y el alcance establecidos para la desaprobación de cuentas.

Caso concreto de la SAP de Vizcaya de 8 de enero de 2015.

Realizado este análisis, y en concreto en relación a la inhabilitación por desaprobación de cuentas, resulta evidente que su alcance queda claro en la Ley Concursal. A pesar de ello, es necesario traer a colación el caso concreto al que nos hemos referido. En este caso, a pesar de que las cuentas fueron inicialmente aprobadas por el J. Mercantil Nº 2 de Bilbao, la TGSS presentó recurso de apelación, que fue estimado con la SAP que condena a una inhabilitación por un periodo de 18 meses para actuar como Administrador Concursal en base a una alteración del orden de pagos. Como suele ocurrir en numerosas ocasiones, el AC se encuentra con la necesidad de alterar el orden de pagos con la finalidad de dar continuidad a la empresa. Esto mismo sucedió en el caso concreto, en el que se contaba con un activo inmobiliario de gran valor, pero que tras la crisis de 2007, la caída de su valor frustró la posibilidad de pago de todos los créditos contra la masa, en contra de los pronósticos iniciales.

Sin embargo la AP condena, no por el hecho en si de la alteración, si no por la desobediencia injustificada de la AC, al ignorar constantes resoluciones judiciales y requerimientos sin que conste que haya dado explicaciones satisfactorias a la TGSS y al juez del concurso sobre el orden de pagos que estableció.

Uno de los administradores concursales, el Sr. D. Angel Toña, ha sido nombrado consejero  de empleo del Gobierno Vasco, y justo el día anterior a su designación se ha conocido la noticia de la sentencia de la A.P, lo que ha producido un revuelo en los círculos institucionales del País Vasco.

Nos preguntamos si el contenido y la extensión de la inhabilitación que puede darse en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil como consecuencia de la no aprobación de las cuentas, puede llevar aparejadas unas consecuencias mayores.

El asunto se sometió a dictamen de la Comisión Ética Pública, que ha respaldado de forma unánime al Administrador Concursal, al valorar que, como la sentencia condenatoria contra el consejero no responde a un proceso penal ni “administrativo sancionador”, ni siquiera estaba obligado a elevar su caso a la Comisión de Ética Pública, porque además “hace referencia a hechos que tuvieron lugar con anterioridad a su nombramiento” en el Gobierno Vasco. Además, la Comisión ha recomendado al consejero que recurra en casación la sentencia de la Audiencia Provincial, aunque “ello no sea garantía de que el Tribunal Supremo vaya a atender sus alegaciones“.

Por lo tanto, el alcance de la inhabilitación concursal es limitado al ámbito de los Juzgados de lo Mercantil, no afecta al ámbito del ejercicio de una función pública, y menos aún si los actos se realizaron fuera del periodo del ejercicio de esta función. A pesar de ello, el eco social puede llevar a una extensión de tal alcance.

 

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