IMPLICACIONES DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN EL ÁMBITO CONCURSAL. ESPECIAL REFERENCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL.

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El pasado 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo. Esta reforma introduce modificaciones en el régimen de penas y su aplicación, se suprimen las faltas y se crea la figura de los delitos leves, se reforma el decomiso, se concreta la responsabilidad penal de las personas jurídicas,  se introducen novedades respecto a los delitos económicos (insolvencias punibles, apropiación indebida, etc.), entre otras novedades.

Centrándonos en el ámbito concursal, diferentes conductas que antes no tenían repercusiones penales y eran calificadas como culpabilidad en la pieza de calificación del concurso, ahora se castigan penalmente, pero además, es la primera vez que se menciona expresamente a la administración concursal en diversos preceptos.

En esta ocasión analizamos las novedades que afectan a los administradores concursales.

La LO 1/2015 extiende los tipos de cohecho, malversación y negociaciones y actividades prohibidas y abuso de derecho a  los administradores concursales, tipos que anteriormente sólo se aplicaban al ámbito de los funcionarios.

Esta extensión sobre la consideración o no de los administradores concursales como funcionario público a efectos penales ya venía siendo objeto d debate y análisis por Doctrina y Jurisprudencia, y será objeto de desarrollo en un post posterior. Ahora, veamos uno a uno los referidos delitos:

  • Cohecho: este tipo delictual en lo que afecta a los administradores concursales, se regula en los artículos 419 a 422 CP, estableciendo el artículo 423 CP que “lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los administradores concursales”. Estos artículos tratan de la aceptación o solicitud de dádiva, favor o retribución de cualquier clase en el ejercicio del cargo, para realizar o dejar de hacer alguna actuación inherente al mismo.
  • Malversación: se desarrolla en los artículos 432 a 435 CP, y se refiere a la administración desleal (art. 252 del CP) y a la apropiación indebida (art. 253 del CP). En concreto, para los administradores concursales se señala que será extensivo lo dispuesto en dichos artículos “con relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores” y en particular, cuando se altere el orden de pagos de los créditos establecido en la ley de manera dolosa.
  • Negociaciones ya actividades prohibidas y abusos en el ejercicio de su función: este delito se regula en el artículo 439 del CP que establece la pena para aquellos casos en los que el funcionario interviniente en un contrato, negocio, etc., se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier participación en los mismos. En el artículo siguiente, se extiende este delito a los administradores concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso.

Como vemos, la reforma introducida en el Código Penal respecto a la profesión del AC, tiene como objeto por un lado la consideración del administrador concursal como equivalente a la autoridad o funcionario público en el caso de las conductas penadas. Y por otro, la regulación y punición de conductas cuya sanción ya viene recogida en la propia Ley Concursal, como responsabilidad de los administradores concursales (art. 36 LC).

Así, un análisis en profundidad de la reforma puede poner de manifiesto resultados cuestionables así como diversas dificultades en la práctica. Por ello, iremos analizando en profundidad estos aspectos que afectan a la profesión del Administrador Concursal.

Lo que podemos afirmar es que si la profesión del AC era ya una profesión de riesgo, tal y como han confirmado jueces de lo Mercantil, tras la entrada en vigor de la LO 1/2015, este riesgo se ha incrementado, por lo que los administradores concursales deberán ejercer el cargo con la mayor  cautela y diligencia posible.

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