Las novedades reales de la segunda oportunidad para las personas físicas tras el RD-Ley 1/2015

post segunda oportunidad

Se ha publicado en el BOE del sábado 28 de febrero de 2015 el RD-Ley  1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Ya comentábamos que la primera jornada del debate de la nación, que se centró en el capítulo económico, se avanzó la inminente adopción del RD-Ley, y analizamos las principales medidas que afectaban al ámbito concursal. Veamos ahora las modificaciones finalmente adoptadas y sus implicaciones.

En concreto, las iniciativas contenidas en el Título I del RD-Ley 1/2015 se basan en permitir que las familias y empresas reduzcan su carga financiera, aplicándose a PYMEs y autónomos o personas naturales en general. La propia Exposición de Motivos agrupa estas iniciativas en tres bloques:

  1. Segunda oportunidad: Flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.
  2. Mejora del «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo.
  3. Ampliación temporal y subjetiva de la suspensión de lanzamientos de viviendas: Se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

Es cierto que se han introducido medidas tendentes a la mejora de la situación económica de PYMEs. Autónomos y personas naturales, si bien, como se desarrolla a continuación, de facto la incidencia real no es tanta como la que se pretende anunciar.

Centrándonos en el ámbito concursal, las reformas se centran en el acuerdo extrajudicial de pagos y en la llamada “segunda oportunidad”.

  1. Acuerdos extrajudiciales de pago: el RD-Ley indica que la finalidad es flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta. Como elementos principales señalados por la exposición de motivos están:
    1. Aplicación a personas naturales no empresario: se incluye un nuevo artículo 242 bis, relativo a las especialidades.
    2. Procedimiento simplificado para las personas naturales no empresarias: en este caso, las actuaciones de negociación las realiza el notario, salvo que estimase conveniente la designación de mediador concursal.
    3. Posibilidad de extensión de efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes;
    4. Potenciación de la figura del mediador concursal, (Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios)

Pero, además de estas novedades se encuentran las siguientes:

  1. Paralización de ejecuciones de garantías reales sobre bienes necesarios: se introduce la diferenciación entre ejecución de bienes necesarios o no para la actividad profesional o empresarial o vivienda habitual. Así, si la garantía no recae sobre estos, el acreedor podrá ejecutar. Por el contrario, si se trata de un bien o derecho necesario o la vivienda habitual, el acreedor podrá iniciar la ejecución pero la misma quedará paralizada.
  2. Ampliación del contenido de las propuestas conforme a los límites introducidos por el RD Ley 11/2014 en el convenio: se amplía el contenido de la propuesta de acuerdo extrajudicial pudiendo contener esperas no superiores a diez años, quitas (sin señalar límite) y cesiones de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la totalidad de sus créditos. Para el caso de PYMEs o empresarios se prevé también la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora o en préstamos participativos por un plazo máximo de diez años, obligaciones convertibles o préstamos subordinados, con intereses capitalizables o cualquier otro instrumento financiero.
  3. Posibilidad de convenio o liquidación en el concurso consecutivo: se elimina la obligación de liquidación del deudor en caso de concurso consecutivo por incumplimiento del acuerdo extrajudicial.
  4. Segunda oportunidad: el RD-Ley anuncia la introducción de la exoneración de deudas de las personas naturales en caso de liquidación o insuficiencia de masa activa en concurso. Sin embargo, realizado un análisis detallado, se puede comprobar cómo los requisitos son similares a los que ya se habían introducido por la Ley 14/2013 de emprendedores.
    1. Solicitud de exoneración por el deudor: como novedad, debe solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso de conformidad con el 152.3 de la LC.
    2. Introducción de alternativa a los requisitos ya exigidos tras la Ley 14/2013: la LC, tras la reforma por la Ley de emprendedores, establecía la posibilidad de exoneración de deudas siempre que el concurso no fuera culpable, el deudor no hubiera sido condenado por una serie de delitos y que hubiera satisfecho créditos contra la masa, los privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial, el 25 % de los ordinarios.

Tras la reforma del RD-Ley 1/2015, se establecen estos mismos requisitos o, alternativamente la adopción de un plan de pagos de las deudas que no quedan exoneradas dentro de los cinco años siguientes (se detalla que en este caso quedan exonerados los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos).

Como vemos las novedades reales para las personas físicas no empresarias se pueden resumir en extensión del acuerdo extrajudicial de pagos a éstas y simplificación de su procedimiento; y exoneración de sus deudas en caso de liquidación o insuficiencia de masa adoptando un plan de pagos de los créditos no exonerados para su satisfacción en cinco años.

Por lo tanto, si bien se trata de importantes reformas para las personas naturales con dificultades económicas y en previsible situación de insolvencia, el anuncio de las mismas excede de las novedades reales, por lo que veremos la incidencia real de las  mismas.

Por último señalar que el RD-Ley 1/2015 también ha modificado el artículo 94.5 de la LC en relación al reciente concepto de “valor de la garantía” o “valor razonable”, cuestión que analizaremos en un siguiente post.

 

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