No aplicación de la normativa bancaria más favorecedora en relación a las rescisorias concursales

Comentamos una Sentencia del TS de 4 de septiembre de 2014, por la que aplica su jurisprudencia sobre la irretroactividad de las normas o el principio “tempus regit actum”, para confirmar la estimación de las acciones rescisoria y pauliana instadas por la administración concursal. En concreto se trata de un supuesto de aplicación de normativa bancaria en el que, tras una reforma, la norma pasa de exigir la acreditación de perjuicio de acreedores para poder anular una operación, a fraude de los mismos, en beneficio de las entidades financieras. La entidad financiera alega que debe aplicarse la norma más benevolente, por analogía a la aplicación de la LC en quiebras, pero en realidad no se produce una retroacción, si no que se aplica la norma anterior pero atendiendo al espíritu de la nueva regulación.

El caso enjuiciado trae causa de la demanda incidental presentada por la Administración concursal interesando la rescisión y/o anulación de la prenda otorgada para garantizar deuda ajena constituida por la entidad concursada a favor de la entidad financiera. Previamente, la misma prenda garantizó las obligaciones de un contrato de crédito entre las mismas partes y otro anterior suscrito por el socio único de la concursada en aquel momento y la misma entidad de crédito.

El conflicto se centra en la incidencia de las legislaciones aplicables y la aplicación de la norma más favorable, en contraposición a la irretroactividad de las normas de forma general. Es necesario señalar que, tal y como señaló la Audiencia Provincial de Valladolid, es de aplicación el RD-Ley 5/2005, puesto que también se aplica a los acuerdos de garantías financieras, que prevén expresamente la pignoración de un determinado bien en garantía de obligaciones financieras principales.

En concreto, la entidad recurrente alega la vulneración del art. 15.5 de este RDLey, en su redacción dada por la Ley 7/2011, que pasa de exigir “perjuicio de acreedores” a “fraude de acreedores” para que los acuerdos financieros se puedan rescindir en el ámbito concursal. Y ello puesto que, a pesar de que la norma así modificada no entró en vigor hasta después de haberse declarado el concurso, y, consecuentemente tras haberse otorgado las prendas y las operaciones garantizadas, se habría inaplicado la jurisprudencia del TS que defiende la aplicación retroactiva del art. 71 de la Ley Concursal a los procedimientos de quiebra. Es decir, en base a una aplicación analógica de la jurisprudencia que entiende de aplicación el artículo 71 de la LC a los procedimientos anteriores a la ley concursal, al ser norma más benigna.

Partiendo de que el espíritu de la aplicación retroactiva del art. 71 LC a procedimientos de quiebra se al ser más benigno que el art. 878.2 del CCom entiende el recurrente, que la sentencia debía haber aplicado la norma más favorable, y por lo tanto, la AC debería haber acreditado el “fraude de acreedores” de las operaciones.

El TS rechaza el recurso en base a las siguientes razones:

  1. Doctrina consolidada de la aplicación del principio “tempus regit actum” que supone la irretroactividad de las normas: esta doctrina impide someter al imperio de la norma las relaciones jurídicas anteriores, ni cabe una interpretación extensiva a supuestos no contemplados en ellas.
  2. No infracción de la DA 3ª del CC: dado que la ineficacia de la prenda no es una sanción civil, sino el resultado del ejercicio de la acción rescisoria concursal que persigue la reparación de un perjuicio ocasionado a los acreedores, concurriendo un perjuicio “para la masa”.
  3. No aplicación retroactiva de la LC si no de sus principios inspiradores: rechaza el símil por el que se solicita la aplicación de la norma más beneficiosa (el art. 15.5 del RDL 5/2005, en su nueva redacción por la Ley 77/2011), en base a que no ha aplicado retroactivamente el art. 71 LC a supuestos en los que regía la retroacción de la quiebra, sino que ha aplicado esta normativa anterior pero interpretándola “atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad”, tal como prevé la Disposición adicional primera de la LC .
  4. No aplicación de la Directiva que se transpuso por el RD Ley 5/2005: Las directivas por lo general, son normas de mínimos, y permiten a los Estados establecer condiciones más onerosas y exigentes en su transposición a su ordenamiento jurídico, por lo que no puede aplicarse a su capricho la norma que más le convenga a quien ha sido el responsable de un perjuicio para el resto de los acreedores, en su propio beneficio.

Por lo tanto, el TS reitera y confirma la aplicación general del principio general de irretroactividad de las normas incluso en concurso de acreedores.

2.- STS 4-9-14, rescisoria concursal, tempus regit factum

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