STS 12.12.2014 Las AA.PP. no podrán ejecutar los créditos contra la masa por sistemática con la Ley Concursal

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Las ejecuciones administrativas de créditos contra la masa que venían iniciando las Administraciones Públicas tras la declaración de concurso se paralizan por el Tribunal Supremo por interpretación sistemática de la Ley Concursal.

Se trata de la Sentencia de 12 de Diciembre de 2014 por la que el TS, confirmando la sentencia de instancia, acuerda el levantamiento de embargos trabados en ejecución de créditos contra la masa. Esta resolución se ha dictado en relación al concurso de “Astilleros de Sevilla”, en el que la TGSS, una vez aprobado el plan de liquidación, inició el embargo de varios activos por valor de 1,7 millones de euros, correspondiente con el importe de créditos contra la masa devengados a su favor.

El Juzgado de lo mercantil que conoció en primera instancia, acordó el levantamiento de los embargos trabados por la TGSS tras la declaración de concurso y durante la liquidación en base a:

  1. Que el Juez del concurso goza de jurisdicción y competencia exclusiva para conocer de la ejecución de los bienes del concursado que se lleva a cabo mediante la liquidación concursal.
  2. Que la liquidación concursal es la única admisible en derecho. Todos los activos están afectos al plan de liquidación, y todos los acreedores vinculados al mismo, incluida la TGSS.
  3. Que abierta la liquidación no puede existir una ejecución posterior administrativa o judicial por créditos contra la masa.

Tras la resolución de la Audiencia Provincial, revocando la de instancia, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Administración y ratificando la Sentencia del Juez Mercantil.

El Juzgado de lo Mercantil valoró el conjunto de la norma, interpretación que el Tribunal Supremo considera adecuada, dado que el artículo 84.4 LC precisa una interpretación sistemática con el resto de preceptos de la Ley Concursal. Sobre todo cuando existe un artículo que contradice el objetivo final de la norma, es decir, que se logre una liquidación ordenada y unitaria.

¿Pero cuál es la interpretación sistemática de la Ley Concursal que realiza el TS?

En primer lugar, parte de la previsión general del artículo 8.3 LC, que atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de toda ejecución de bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado.

Por otro lado, trae a consideración los artículos 55, 56 y 57 de la LC, que se refieren a las ejecuciones de bienes del concursado. Señala que en estos artículos pretenden preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones separadas que distorsionen la aplicación efectiva del principio de la pars conditio creditorum.

El artículo 57 LC prohíbe el inicio de ejecuciones una vez abierta la fase de liquidación, y responde a la lógica de que si el concurso de acreedores entra en esta fase, haya una ejecución universal de todo el patrimonio del concursado. Las únicas excepciones se refieren a ejecuciones de bienes concretos ya embargados con anterioridad al concurso.

Por tanto, veamos los supuestos del artículo 84.4 LC, que deben ser interpretados sistemáticamente:

  • Ejecución tras convenio aprobado: SI, es posible.
  • Ejecución iniciada tras apertura de la fase de liquidación: NO.
  • Ejecución iniciada transcurrido un año desde el concurso sin apertura de convenio: NO.
  • Ejecución iniciada transcurrido un año desde el concurso sin apertura de liquidación: NO.

Así, el TS concluye, lo que resulta claro es que una vez abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos o ejecuciones separadas. El único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación de convenio, en que se levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC).

Podría ocurrir que la TGSS hubiera procedido al embargo, ejecución y percibo de cantidades y la Administración Concursal hubiera comunicado la insuficiencia de bienes para asegurar el pago de los créditos contra la masa, ex art. 176 bis 2 LC. Sin embargo, en este contexto, también carece de sentido una ejecución administrativa de créditos contra la masa si se quiere preservar el orden de prelación legal. Por ello, la administración debería proceder a la devolución de las cantidades obtenidas para el pago conforme al orden del art. 176 bis LC.

En conclusión, esta Sentencia viene a mantener los principios de unidad y universalidad de la ejecución colectiva del patrimonio del deudor frente a las administraciones públicas y sus ejecuciones y establece un sistema de mínima ejecución patrimonial al margen del concurso. Pero además, muestra contradicción con la introducción por el Gobierno de una posible subrogación a efectos de las deudas de la seguridad social, en los casos de venta traslativa de empresa en concurso.

Veremos cómo actúan las Administraciones Públicas tras esta Sentencia, o si seguirá siendo necesaria la intervención de los Administradores Concursales para evitar las ejecuciones.

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